¿Qué nos depara 2018 en materia de alimentación? Medidas sanitarias

Si hay una cosa por la que se caracterizó el pasado año es por la sucesión de polémicas relacionadas con la alimentación: azúcar, aceite de palma, panga y un largo etcétera. Pero también fuimos testigos de algunas medidas sanitarias encaminadas a luchar contra el ambiente obesogénico (es decir, contra todas esas cosas de nuestro entorno que favorecen la obesidad) y, en definitiva, dirigidas a mejorar la salud pública a través de la alimentación. Cabe destacar que muchas de ellas fueron aplicadas en otros países, ya que en España las acciones en este sentido fueron más bien tímidas, por no decir escasas, ineficaces o inexistentes, según el caso. No son pocos los profesionales sanitarios que opinan que esto se debe a una falta de voluntad política que, como veremos más adelante, se explicaría en parte por la influencia que ejercen las corporaciones alimentarias. Tampoco debemos olvidar que hay un sector de la sociedad que se opone a este tipo de estrategias porque cree que suponen una amenaza para su libertad. Ni que decir tiene que no todo el mundo está de acuerdo en eso, así que periódicamente hemos podido presenciar encendidos debates al respecto que seguramente se repetirán en un futuro. Pero veamos de qué estamos hablando.

Impuesto a las bebidas azucaradas

En España el debate social en torno a este impuesto surgió en el año 2016, cuando algunos países como Reino Unido y Portugal anunciaron su intención de aplicarlo, sumándose así a otros como Francia, Finlandia, México o Chile. Pero el momento álgido de la polémica llegó cuando el gobierno español manifestó la intención de seguir el mismo ejemplo. Lo hizo tan sólo 12 días después de que la Generalitat de Cataluña hiciera un anuncio similar, lo que significaba que la propuesta catalana quedaría bloqueada. El plan inicial del gobierno catalán era aplicar una subida en el precio de esos productos de hasta un 20%, coincidiendo con las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) había publicado un mes antes. En su informe, la OMS decía concretamente: «una menor ingesta de bebidas azucaradas implica una reducción de la ingesta de azúcares libres y de la ingesta calórica total, una mejor nutrición y una disminución en el número de personas que presentan sobrepeso, obesidad, diabetes y caries dental». Para reducir su consumo proponía la aplicación de políticas fiscales, argumentando que un aumento de al menos el 20% del precio de venta al público podría suponer una reducción proporcional del consumo de estos productos.

Durante 2017 Francia prohibió este tipo de ofertas que fomentan el consumo de bebidas azucaradas. ¿Veremos alguna medida similar en España durante 2018? (Fuente)

Finalmente, en 2017 vimos cómo algunos países aplicaron esas medidas (por ejemplo, Portugal, Tailandia o Arabia Saudí). Sin embargo, en España el gobierno central acabó desestimando la propuesta; una decisión sobre la que el sector azucarero pareció ejercer cierta influencia, a juzgar por las noticias que fueron publicadas en algunos medios. En cualquier caso, este impuesto nunca se planteó como una medida sanitaria, sino recaudatoria. Mientras tanto, en Cataluña sí que se aprobó un gravamen para este tipo de bebidas, aunque presumiblemente también con fines recaudatorios, considerando que el importe (en torno al 7% del precio) es notablemente inferior al que se anunció en la propuesta inicial, basada en las recomendaciones de la OMS (al menos un 20%). Por eso, es muy probable que la medida no produzca una reducción significativa del consumo. En cualquier caso habrá que esperar para saberlo. Quizá en verano tengamos noticia de ello, ya que es cuando se cumple el primer aniversario desde el comienzo de la recaudación. Lo que parece claro, a juzgar por las evidencias existentes, es que gravar con impuestos es una medida eficaz para lograr una reducción del consumo, eso sí, siempre que se haga adecuadamente. Por ello, países como Reino Unido e Irlanda la aplicarán a lo largo de este año 2018.

Azúcar

Podríamos decir que 2017 fue el año del azúcar. Esta sustancia ya despertó mucho interés en 2016 pero fue el pasado año cuando adquirió verdadero protagonismo en los medios. De lo que se habló fue sobre todo de la enorme cantidad de azúcar que ingerimos inadvertidamente a través de productos de consumo habitual, que en ocasiones percibimos incluso como saludables. Esto es especialmente preocupante en la población infantil y adolescente, que ingiere 50 gramos de azucares libres al día, cuando no debería superar los 37 gramos, según las recomendaciones de la OMS. Tras la sorpresa inicial que causaron estas noticias, prosiguió una notable preocupación social que a día de hoy aún persiste. En ese contexto, el Ministerio de Sanidad lanzó una campaña encaminada a reducir el consumo de azúcar que podría calificarse con dos adjetivos: inesperada (recordemos que unos meses atrás se había desestimado el impuesto a las bebidas azucaradas, presumiblemente por la influencia del sector azucarero) y fugaz, ya que fue retirada «temporalmente» tan sólo 24 horas después de su lanzamiento. La explicación que se dio para ello fue que se estaban siguiendo «las indicaciones de la Abogacía del Estado en relación a la no idoneidad de que se emitan campañas durante la campaña electoral de Cataluña». Ahora bien, dos días después, y con las elecciones todavía a la vista, se puso en marcha otra campaña institucional relacionada con la salud (concretamente de prevención del consumo de alcohol en menores). A día de hoy, la campaña sobre la reducción del consumo de azúcar no se ha retomado. ¿Lo hará a lo largo de 2018?

Venta de alimentos insanos en centros públicos

En 2017 también tuvimos noticia de otras medidas que dieron mucho que hablar y que seguirán haciéndolo durante 2018. Entre ellas, la decisión de Portugal de prohibir la venta de alimentos con elevados niveles de sal, azúcar o grasas en todos los centros del Sistema Nacional de Salud. En España algunas comunidades autónomas anunciaron medidas parecidas. Por ejemplo, Murcia y la Comunidad Valenciana prohibieron la venta de estos productos en centros educativos, hospitales y otros centros públicos, mientras que el País Vasco estableció que la mitad de los productos de las máquinas de vending deberá estar constituida por fruta y verdura. Es muy probable que en un futuro cercano otras comunidades adopten medidas similares. Por su parte, Andalucía acaba de aprobar un proyecto de ley «para la promoción de una vida saludable» que recoge diferentes acciones, como la prohibición de alimentos insanos en centros educativos, la obligación de favorecer el acceso gratuito a agua potable o la exhibición de información nutricional en cafeterías y máquinas expendedoras. Con respecto a este tipo de máquinas algunos profesionales sanitarios van más allá y defienden que deberían desaparecer. En palabras del dietista-nutricionista Juan Revenga, «no necesitamos comer tan de continuo de nada, por muy saludable que sea» y es que aún en el caso de ofrecer alimentos saludables «la fruta que contienen suele ser de una calidad muy regular y siempre a unos precios desorbitados». En cualquier caso, el problema de los alimentos insanos no se limita a las máquinas de vending. Por ejemplo, en hospitales es frecuente encontrar este tipo de productos en las cafeterías y, lo que es mucho más grave, en los menús de los pacientes. Éste es un tema que preocupa cada vez más, especialmente a muchos dietistas-nutricionistas, quienes llevan años reivindicando su inclusión en el Sistema Nacional de Salud, entre otras cosas, para evitar situaciones como esta.

Los productos insanos, como las galletas y el cacao soluble azucarado son muy frecuentes en los menús de los hospitales españoles. El problema no reside solamente en los efectos adversos que estos productos puedan causar sobre la salud, sino también en el mensaje que se transmite a la población. (Fuente)

Planes para reducir los ingredientes insanos

El pasado año el gobierno de Reino Unido fijó el objetivo de reducir el consumo de azúcar un 20%, lo que significa que los fabricantes tendrán que reformular sus productos, desviar sus ventas a otras alternativas más saludables o reducir el tamaño de los envases. En España el Ministerio de Sanidad anunció una medida similar. Se trata concretamente de un plan de colaboración con la industria alimentaria encaminado a reducir de forma paulatina la cantidad de azúcar grasas y sal en la cesta de la compra hasta alcanzar una reducción del 10% en tres años (entre 2017 y 2020). A priori parece una medida acertada, ya que uno de los problemas con los encontramos a la hora de mejorar nuestra alimentación es que estamos habituados a sabores muy intensos y tenemos los umbrales de detección de los sabores por las nubes. O dicho de otro modo, estamos tan acostumbrados a consumir elevadas cantidades de sal y azúcar que cuando elegimos alimentos saludables no nos saben a nada.

El Plan de Colaboración para la Mejora de la Composición de Alimentos y Bebidas en España 2017-2020 fue anunciado por la Ministra de Sanidad el pasado mes de noviembre durante la entrega de los X Premios Estrategia NAOS 2016. (Fuente)

En mi opinión, una de las acciones necesarias para corregir esta situación va encaminada en esa dirección: tomar medidas conjuntas y de forma paulatina para reducir la presencia de estas sustancias en la dieta de forma que nos habituemos a ello inadvertidamente. De este modo no experimentaremos rechazo, como sí ocurriría si sólo una empresa tomara esa decisión de forma unilateral o si la reducción se hiciera de forma brusca. Esto es algo que ya se hizo para reducir la cantidad de sal en el pan, con resultados satisfactorios. Sin embargo la medida también tiene muchas sombras. Para explicarlo, el dietista-nutricionista Julio Basulto cita a la doctora Margaret Chan, anterior directora general de la OMS: «cuando la industria se involucra en la formulación de políticas pueden estar seguros de que las medidas de control más eficaces serán minimizadas o dejadas de lado por completo» y añade que «hay medidas muchísimo más eficaces y que no se están llevando a cabo, como la prohibición de anuncios de productos malsanos en horario infantil y en YouTube, la aplicación de impuestos a las bebidas azucaradas o la prohibición de las máquinas expendedoras con productos malsanos en colegios o en centros sanitarios«. Además duda que se vaya a cumplir, ya que no es una ley sino un acuerdo. Esta desconfianza se justifica si nos fijamos en otros aspectos también regulados únicamente por acuerdos y no por leyes, como por ejemplo la publicidad de alimentos dirigida a la población infantil. Recordemos que se rige por un código que, además de tener graves carencias, se incumple sistemáticamente, y eso a pesar de que las empresas lo suscriben de forma voluntaria. Habrá que esperar para ver qué ocurre con el plan para la mejora de la composición de los alimentos.

Semáforo nutricional

Otra noticia que nos dejó el año 2017 es que en Francia se recomendó implantar el semáforo nutricional en el etiquetado de los alimentos. Recordemos que se trata de un código que asigna diferentes colores (verde, amarillo y rojo) a los grupos de nutrientes que componen el producto según la cantidad en la que se encuentren, teniendo en consideración las ingestas de referencia de un adulto. Se trata de una medida que seguramente veamos en España en un futuro cercano ya que algunas multinacionales de la alimentación manifestaron su intención de aplicarla en el etiquetado de sus productos. Es decir, se trataría de una medida voluntaria que seguramente no llegue a convertirse en obligatoria, ya que el gobierno español desestimó hace un par de años la posibilidad de aplicarla por ley, argumentando que puede llevar a confusión. Y es que el semáforo nutricional tiene pros y contras. Según muchos expertos en salud pública, es una herramienta que puede ayudarnos a realizar una mejor selección de alimentos en una realidad en la que nos enfrentamos a un sinfín de dificultades, principalmente, la existencia de una enorme cantidad de productos diferentes, un etiquetado que a menudo nos despista o nos lleva a confusión y poco tiempo para tomar decisiones a la hora de hacer la compra.

En España ya hay empresas que, de forma voluntaria, muestran el semáforo nutricional en el etiquetado de sus productos. Una de las estratagemas que pueden utilizarse para tratar de maquillar los resultados es considerar una ración más pequeña de lo que se consideraría un consumo habitual.

Ahora bien, para que resulte verdaderamente útil debe emplearse de forma adecuada y esto es algo que no siempre se hace. Uno de los problemas es que el tamaño de las porciones no está estipulado por ley así que el productor puede hacer los cálculos en base a una ración más pequeña de lo que se considera un consumo habitual y conseguir así unos valores de nutrientes que den como resultado un semáforo de color verde. Aunque el principal inconveniente de este sistema es que invita a caer en el nutricionismo, es decir, se corre el riesgo de valorar los alimentos por sus nutrientes aislados en lugar de considerar el alimento en su conjunto. Así, podríamos interpretar erróneamente que una bebida edulcorada es saludable por el mero hecho de presentar un semáforo con todos sus nutrientes en color verde y por otro lado pensar que una botella de aceite es perjudicial por contener alguno de sus nutrientes en color rojo (por ejemplo la grasa total).

Bebidas energéticas

Las llamadas «bebidas energéticas» llevan ya mucho tiempo en el punto de mira de los profesionales sanitarios por los riesgos que su consumo podría suponer. Y es que están compuestas básicamente por agua con enormes cantidades de azúcar y cafeína, por lo que pueden provocar problemas de caries, obesidad, diabetes tipo 2, trastornos del sueño, alteraciones de la tensión arterial, palpitaciones, etc. Además hay que considerar que estas bebidas a veces se consumen mezcladas con alcohol y eso supone un riesgo añadido, ya que la cafeína que contienen puede enmascarar el efecto depresor del etanol, permitiendo así seguir consumiendo más bebidas alcohólicas, lo que podría tener consecuencias fatales. Por otra parte, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) publicó un informe en el año 2015 en el que señaló que un adulto sano puede consumir hasta 400 mg de cafeína al día de forma segura (unas 5 latas de 250 ml) y que ésta no interactúa con el alcohol (en dosis de 200 ml). Así, la legislación permite su venta con la condición de que en el caso de bebidas con una proporción de cafeína superior a 150 mg por litro se indique el siguiente aviso: «Contenido elevado de cafeína: No recomendado para niños ni mujeres embarazadas o en período de lactancia». El informa de la EFSA indica además que el consumo de otras sustancias que suelen formar parte de este tipo de bebidas es seguro, aunque eso sí, en realidad no cumplen las funciones que sugieren. Tal es el caso de la taurina o de diferentes extractos de plantas que se añaden con pretendidas funciones energizantes. En estas bebidas también podemos encontrar distintas combinaciones de vitaminas, cuya suplementación es innecesaria para la población general.

En esta infografía puedes ver de forma visual la cantidad de cafeína y de azúcar que contiene una lata de Monster: dos tazas y media de café, más de catorce terrones de azúcar y tres campos de fútbol. (Fuente)

En cualquier caso lo que más preocupa acerca de las «bebidas energéticas» es que las agresivas campañas publicitarias que promocionan su consumo van dirigidas a los más jóvenes, para quienes no se ha establecido una dosis segura de ingesta de cafeína, ya que no existe suficiente información al respecto. A pesar de ello, estos productos tienen un enorme éxito entre ese sector de la población. Para que te hagas una idea, otro informe publicado por la EFSA en el año 2013 señalaba que el 68% de los adolescentes (entre 10 y 18 años) consumía esas bebidas (también lo hacía un 16% de niños entre 3 y 10 años), aunque es probable que a día de hoy esas cifras sean aún más elevadas ya que las ventas de estos productos no ha parado de crecer (por ejemplo en Reino Unido aumentaron un 155% entre 2006 y 2014). Este motivo es el que ha llevado a varias personas y entidades a pedir que se prohíba su venta a menores. Donde más repercusión están teniendo estos movimientos es en Reino Unido donde algunas cadenas de supermercados ya han dejado de vender estos productos a menores de 16 años y el famoso cocinero Jamie Oliver ha iniciado una campaña en este sentido llamada «Not for children» (no para niños). En España un instituto de secundaria inició un movimiento parecido (#STOPBebidasEnergéticas) y numerosos profesionales lo hacen a título particular, como José Manuel López Nicolás o Julio Basulto, entre muchos otros. A nivel gubernamental el Partido Socialista reclamó en octubre la elaboración de un estudio sobre los efectos de estas bebidas en los jóvenes para analizar junto a profesionales sanitarios la posibilidad de no recomendar su venta a menores de 16 años. Veremos si en 2018 se conocen novedades al respecto.

Alcohol

El pasado año también pudimos conocer dos campañas relacionadas con el alcohol que generaron un notable revuelo. La primera de ellas, «Marida mejor tu vida con vino», fue promovida y financiada por la Interprofesional del Vino y dio mucho que hablar por la irresponsabilidad mostrada en su mensaje, que parecía incitar al consumo indiscriminado de esta bebida. A la polémica también contribuyó el hecho de haber sido apoyada por la Ministra de Agricultura, lo cual para muchos resulta inadecuado, además de contradictorio, considerando que el Ministerio de Sanidad realiza acciones en sentido contrario. Precisamente, una de esas acciones fue la campaña «Menores sin alcohol», que se hizo muy popular, aunque por cuestiones que no guardaban relación con la salud.

Fuentes

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